La entrada triunfal del Ferrocarril Andino, al impulso de las locomotoras Maipú y Paraguay, el 7 de abril de 1885, marcó otro momento de esperanza en su historia.
El arribo posterior de numerosos inmigrantes italianos y españoles que trajeron sus costumbres vinícolas, tanto a Cuyo para producir vinos, como al Litoral para consumirlos, permitió que se iniciara una etapa en la economía del vino argentino, donde los grandes volúmenes producidos localmente, se mezclaron con los adulterados en Buenos Aires.
Ello motivó que, como resultado del estudio de un distinguido profesor de Buenos Aires, el Dr. Pedro Arata, se sancionara en 1893, la primera Ley de vinos, elaborada por él. En Mendoza, por impulso de Emilio Civit, se dictó en 1898 una norma similar. Estas tenían como finalidad proteger la genuinidad del producto, definiendo por primera vez al vino, como el resultado de la fermentación del zumo de la uva fresca, y previendo que los procesos de adición de azúcar ó de alcohol debían ser aclarados en la etiqueta para evitar el engaño al consumidor.
En 1904, debido a la difusión en Buenos Aires, de vinos elaborados en base a pasas de uvas, se sancionó la segunda Ley, fundada por el destacado jurista Julián Barraquero. Se consideró bebida artificial aquella que se le agregan sustancias, que aún siendo naturales en los vinos genuinos, alteren su composición ó desequilibren la relación de los componentes del vino original.
El problema de los excedentes de vinos surgió debido a la difícil situación económica global de fines del Siglo XIX. Fue entonces cuando la provincia de Mendoza dictó las leyes regulatorias en 1914 y 1915 a fin de retirar del mercado los excedentes, creándose la Sociedad Vitivinícola de Mendoza para adquirir los frutos sobrantes, pero estas leyes de aplicación sólo en Mendoza posibilitó el crecimiento de otras provincias.
El problema de los excedentes continuó y se agravó con la crisis mundial de 1930. Para afrontar el problema se creó la Comisión de Defensa Vitivinícola, la cual proponía que la Sociedad Vitivinícola de Mendoza y la Asociación Vitivinícola de San Juan, como grandes cooperativas debían agrupar a todos los productores, teniendo como fin defender la producción , abaratar los precios de consumo, formar reservas para añejar y construir bodegas para los viñateros sin Bodegas. La experiencia no se pudo concretar. La Nación dictó dos leyes creando la Junta Reguladora de Vinos, autorizada primero para comprar excedentes, y luego para adquirir tierras en producción y destinarlas a otros usos.
En la década de 1940-50, se produce una situación novedosa. Por la inmigración interna y externa crecen las grandes ciudades, se desarrolla la industria liviana y el salario aumenta su participación nacional. Se empieza a desarrollar en forma masiva la elaboración de variedades comunes y la instalación de plantas de fraccionamiento en los centros de consumo. Se conforma así un modelo de vitivinicultura dividida entre viñateros, bodegueros y fraccionadores.
La vitivinicultura en los años ´60, busca asegurar nuevamente la calidad de sus vinos mediante la sanción de una ley general – Ley 14.878 – que establecía fuertes sanciones para la adulteración y la creación de un organismo especializado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura. El mismo debía fiscalizar y proveer al desarrollo y perfeccionamiento de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, cuya expansión en ningún caso podía ser restringida ni regulada.
