Así como en el siglo XIX la dictadura de Rosas deterioró seriamente las condiciones para el desarrollo económico regional y motivó una fuerte retracción de la industria vitivinícola de Mendoza, en el siglo XX también se produjeron problemas parecidos.
La gran depresión económica mundial fue el marco de la crisis que la vitivinicultura sufrió en la década de 1930. Ello generó problemas de acumulación de stock y caída vertical de los precios en el mercado interno. La consecuencia natural fue la fuerte retracción del consumo de todo tipo de bienes, incluyendo el vino. Como resultado las bodegas no tenían posibilidad de vender su stock, y como tampoco tenían capacidad de almacenarlo, comenzaron a derramarlo por las acequias.
El impacto de la gran depresión, llevo a que el consumo de vino per cápita cayó de 62 litros en 1926 a 32.8 en 1932. Ello motivó una reducción en la elaboración de vino, que bajo de 6 millones de hectolitros en 1929 a un tercio de millón en 1932, veinte veces menos que antes de la crisis. Las empresas seguían quebrando, los trabajadores desempleados y el vino corriendo por las hijuelas.
Un nuevo rol del estado fue pasar a desarrollar políticas activas como regulador de la industria vitivinícola. Se creó, por ley nacional, la junta reguladora de vinos, organismo técnico que por primera vez se ocupó de relevar anualmente las estadísticas de producción de uva y elaboración de vinos en todo el país. A través de esta junta, el estado contrató profesionales especializados para encargarles la misión de reunir información detallada sobre la marcha de la industria y proponer medidas para salir de la crisis. Se resolvió intervenir los mercados, el estado se ocupó de comprar vinos y viñedos de mala calidad y reducir así los excedentes. En 1942 el precio de la uva ya estaba nuevamente en un nivel alto, la superficie cultivada de viña comenzó a aumentar de nuevo hasta recuperar el nivel de 100.000 hectáreas. Al año siguiente se elaboraron más de 8 millones de hectolitros de vino, llegando a un record histórico.
Para complementar las medidas de intervención del estado, en la década siguiente se dieron dos pasos más:
En 1954 el gobierno peronista dispuso la estatizacion de la mayor bodega del país, GIOL. Ello permitió regular los mercados y establecer precio sostén para la uva.
Posteriormente en 1959, se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo que venia a completar y profundizar la tarea fiscalizadora de la junta reguladora del vino.
En la década de 1970, comenzó la segunda gran crisis de la industria vitivinícola de Mendoza, en el siglo XX, que marco un quiebre definitivo del modelo. Los consumidores se reorientaron hacia otros productos, como la cerveza y las gaseosas. La demanda de vino común cayó verticalmente de 90 litros per capita en 1970, a 83 en 1976 y 55 en 1991. La mayoría de las grandes bodegas, que habían dominado la industria durante cerca de un siglo, se derrumbaron. Verdaderas catedrales del vino, como Gargantini, Tomba y Arizu, quedaron en ruinas, quebradas y abandonadas. Mendoza quedó sumergida en una crisis aguda, con su industria madre desorientada.
